El pasado 30 de julio entró en vigor la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que sustituye a la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos, y que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria 2008/98/CE.
Esta ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos, impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen sus impactos adversos, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.
La nueva ley promueve la implantación de medidas de prevención, la reutilización y el reciclado de los residuos, y aspira a aumentar la transparencia y la eficacia ambiental y económica de su gestión. También clarifica las competencias de las administraciones públicas implicadas en dicha gestión.
La ley regula asimismo el régimen jurídico de los suelos contaminados, contemplando cuestiones como la determinación de los sujetos responsables de la contaminación de los suelos, las obligaciones de información a las que quedan sujetos, tanto los titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo como los titulares de los suelos contaminados, la creación del inventario estatal de suelos contaminados y la recuperación voluntaria de suelos sin su previa declaración como contaminado.
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