INTRODUCCIÓN

La supresión de barreras arquitectónicas se enmarca dentro del mandato a los poderes públicos, contenido en el art.49 de la Constitución Española (CE), de realizar una política de integración de las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, a las que, afirma el citado artículo, ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.

La accesibilidad en el ámbito técnico y social es la posibilidad de las personas de gozar de las adecuadas situaciones de autonomía como condición primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico para su integración social y equiparación de oportunidades en el entorno urbano, el arquitectónico, el transporte, las comunicaciones y la información.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGDPDIS), define la accesibilidad universal como “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”.

Por otro lado, la LGDPDIS, establece que “las normas técnicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad”. El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Por ello estas condiciones básicas de accesibilidad, fueron incluidas dentro del CTE, concretamente en el “Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad” (DB_SUA), aprobado por el Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero. Pero también parte de ellas se recogieron en el "Documento Básico de Seguridad contra Incendios". (DB_SI) sobre todo lo relacionado con la evacuación de personas con discapacidad.

El CTE, se aplica tanto a las obras de edificación de nueva construcción como también a intervenciones en los edificios existentes. No obstante y según el estudio “La accesibilidad de la nueva vivienda en España” elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (marzo 2018), solo un 2% los edificios construidos después de 2011 son universalmente accesibles a pesar de que ya debieron construirse conforme a lo dispuesto en el DB_SUA.

No podemos olvidar que después de la Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017 del Tribunal Constitucional, (BOE, 17/01/2018), que declaró inconstitucionales y nulos los apartados 2 a 6 del artículo 29, el artículo 30, la DT 2ª y la DF 1ª del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente, para que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos.

OBJETIVOS

Analizar el contenido tanto del DB_SUA como del DA DB_SUA/2 y su aplicación en edificios de tipología residencial vivienda colectiva existentes, así como su repercusión en el Informe de Evaluación de Edificios, con el fin último de conseguir edificios de viviendas utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

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